El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha trasladado al Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto que reforma el RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios sin que la comunidad universitaria tenga conocimiento del texto final, a pesar de que se le ha reclamado por diversas vías desde el pasado mes de julio.
Esta propuesta de modificación es muy importante, ya que, en teoría, se pretende endurecer los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas.
CCOO rechaza tanto el procedimiento seguido por el Ministerio para la aprobación de un Real Decreto que debería definir el modelo del sistema universitario como la falta de transparencia para conocer su contenido final.
El Real Decreto 640/2021 supuso un intento fallido, por el carácter mínimo de los requisitos exigidos, de regular la puesta en marcha de nuevas universidades privadas. Su aplicación no ha impedido que, en los cuatro años transcurridos desde su entrada en vigor, se haya pasado de 39 a 46 universidades privadas ofertando plazas en el curso 2025/2026, a las que habría que añadir otras cuatro universidades privadas que fueron informadas el pasado 9 de septiembre por la Conferencia General de Política Universitaria. Un total, hasta el momento, de 10 nuevas universidades privadas bajo el paraguas de una norma que en principio venía a “gestionar, ordenar y planificar con mayor capacidad las iniciativas en aumento de creación de universidades o de centros universitarios” bajo el principio de la calidad.
La modificación de este Real Decreto se planteaba para corregir estas deficiencias e introducir un mayor rigor en la proliferación incontrolada que nuevas universidades privadas. La realidad es que lo único cierto del nuevo texto, a la espera de conocer otros posibles cambios, es que, tal y como nos han confirmado desde el propio ministerio, se han caído, al menos dos cuestiones esenciales:
1. En primer lugar, no se podrá pedir experiencia previa a los promotores de una nueva universidad, por lo que cualquier persona o empresa podrá promover una universidad, aunque su actividad profesional nada tenga que ver con el ámbito universitario.
2. La otra modificación sustancial es que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria que se contemplaba para la creación, adquisición y adscripción de centros por una universidad privada en una comunidad autónoma distinta de aquella en la que tiene su sede social, ya no tendrá que ser favorable. Es decir, que aunque el informe sea demoledor en contra del nuevo centro, las comunidades autónomas afectadas podrán autorizar el proceso si así lo consideran. Esto es especialmente grave ya que esta es la fórmula que empieza a extenderse para la expansión de las universidades privadas en funcionamiento. Y seguirá ocurriendo lo que hasta ahora es norma: que todas las universidades con informe desfavorable de dicha Conferencia al final terminan siendo autorizadas por las comunidades autónomas.

Por lo expuesto, y ante la negativa del Ministerio a compartir la versión final de este texto legal, desde CCOO rechazamos la falta de transparencia del contenido final de la norma y la falta de firmeza del ministerio en promover un marco legal que realmente defienda la calidad del sistema universitario. Mucho nos tememos, a la espera que conocer por el BOE su contenido exacto, que no sean estas las únicas “cesiones” en los planteamientos iniciales de la norma, que ya de por sí resultaban insuficientes. Podemos estar ante un nuevo intento fallido por intentar racionalizar el mapa universitario que no impedirá el crecimiento injustificado de las universidades privadas en detrimento del sistema público universitario.
CCOO ha reclamado desde el primer momento al Gobierno la necesidad de una mayor ambición en la reforma del RD 640/2021, que debería garantizar que cualquier universidad en funcionamiento o que se pueda crear en un futuro, especialmente en el caso de las universidades privadas, no se limite únicamente a difundir el conocimiento
(como ocurre, en el mejor de los casos, con buena parte de las últimas universidades privadas autorizadas) sino que sean realmente instituciones creadoras, preservadoras, transmisoras y difusoras del conocimiento y la cultura, como lo son las universidades públicas. CCOO defiende que resulta imprescindible que los criterios de necesidad, idoneidad y calidad deben primar en la decisión final de creación de una universidad por encima de las consideraciones políticas o económicas, que dependen básicamente de las mayorías parlamentarias y de los intereses de determinadas empresas o personas físicas o jurídicas.
Para CCOO esta modificación legal, para ser efectiva, debe armonizar y aumentar la exigencia de los requisitos mínimos necesarios para poder hablar de “universidad”, así como fijar unos niveles básicos de calidad en todos los componentes de nuestro sistema universitario, en el que coexisten las universidades públicas con una buena calidad
media, y las privadas, una parte importante de las cuales tienen un bajo nivel académico, lo que se refleja en una actividad de investigación residual, que perjudica claramente al conjunto del sistema universitario. Y tememos que, en base a la información disponible, esto no está garantizado con la nueva norma. La universidad pública se defiende con hechos, no con declaraciones de intenciones.
La universidad pública de calidad es un bien de toda la sociedad y constituye una de las principales formas de contribución al progreso social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.

BOE modificacion RD 640-2021