CCOO informa

El Ministerio de Universidades ha abierto a consulta pública un borrador de RD para una nueva Ordenación de las Enseñanzas Oficiales para el sistema universitario español que diseña un modelo de universidad que, lejos de avanzar en conocimiento, innovación y cultura, pone a la Universidad Pública al servicio del tejido empresarial, al capricho de la CRUE y hace peligrar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior

En CCOO entendemos que este no es el momento adecuado para abordar una reforma estructural del sistema universitario español, sobre todo cuando se hace poniéndolo al servicio de la empresa privada y haciendo peligrar la autonomía universitaria, necesaria para reconfigurar un nuevo país de progreso e innovación que impida que podamos sufrir con la misma fuerza el grave impacto que esta crisis sanitaria desgraciadamente supondrá para el país.

El documento, que no incluye la derogación del Decreto Wert (RDL 14/2012), contiene medidas similares a las que ya se propusieron hace un año y, propone grados de 180 o de 240 créditos, y másteres de 60, 90 o 120 créditos. Los precios públicos están diferenciados para cada nivel académico y se mantiene el castigo económico para las segundas y sucesivas matrículas. Se vuelve a la controversia del modelo 3+2 que castiga definitivamente al estudiantado con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas. La propuesta del ministerio incluye itinerarios académicos abiertos sin garantizar la coherencia académica en un modelo liberal de universidad pública a la carta.

En CCOO defendemos una universidad pública y gratuita para todas, en la que:

• La calidad se traduzca en mayores y mejores recursos en las aulas y la docencia (art. 21-29).
• Las tasas universitarias sean gratuitas.
• Los títulos universitarios sean inscritos en un Catálogo de títulos, lo que garantiza planes de estudios con una troncalidad común, frente al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) propuesto (art. 1 y 3) y que permite la convalidación entre titulaciones favoreciendo la empleabilidad de nuestros estudiantes.
• Las denominaciones de “máster” o “grado” no puedan utilizarse para encubrir otro tipo de enseñanzas (Disposición adicional 6) y conviertan la educación superior en un mercado para los más privilegiados.
• Los títulos propios no se equiparen con titulaciones oficiales (art. 7.4) haciendo peligrar la calidad académica.

En CCOO consideramos que la Universidad española debe seguir siendo motor de innovación, de desarrollo científico y social. Una universidad que recibe el encargo de la sociedad para formar ciudadanos y ciudadanas críticas que son capaces de liderar el mercado de trabajo, con espíritu crítico y desarrollando los valores democráticos, de convivencia, desarrollo sostenible, igualdad y progreso. En el actual contexto histórico que nos ha tocado vivir, entendemos que esta propuesta es innecesaria e inoportuna.

Madrid, 7 de mayo de 2020

Secretaría de Universidad e Investigación

FE CCOO

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CCOO INFORMA DE LA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE UNIVERSIDADES

El pasado miércoles 8 de abril tuvo lugar una reunión por videoconferencia a la que asistieron el Ministro de Universidades, el Secretario General de Universidades, la Jefa de Gabinete (por el Ministerio) y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG. Fue la primera con el nuevo Ministro desde la declaración del Estado de Alarma y la segunda tras su toma de posesión.

CCOO acudió a la reunión con propuestas para facilitar el sostenimiento de la Educación Superior y de la Investigación en un contexto donde las trabajadoras y los trabajadores de las Universidades Públicas han mantenido activa la docencia desde el primer día, tal y como se nos encomendó tras la declaración del Estado de Alarma. En un tiempo récord, el PDI y el PAS se han adaptado a las nuevas circunstancias, como empleadas y empleados públicos responsables y como profesionales comprometidos para evitar que ningún estudiante se quede atrás. No obstante, estos cambios tan radicales y exigentes no pueden realizarse omitiendo la necesaria interlocución con los agentes sociales.

En CCOO estamos trabajando para identificar los aspectos que definen estos nuevos escenarios laborales, en ocasiones expectantes ante los inesperados cambios de rumbo, con desconcierto por la falta de directivas claras desde el Gobierno y confusión con la sucesión de medidas apresuradas adoptadas por los distintos rectorados. En cualquier caso, esta situación de emergencia está desregulando de facto nuestras condiciones de trabajo a golpe de resoluciones rectorales sin consultar (ni negociar) con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, ni en muchos casos informar o convocar a los Comités de Seguridad y Salud.

Para CCOO las expectativas respecto a la reunión eran altas pues confiábamos en una reacción rápida y comprometida. Pero, lamentablemente, la postura del Ministro nos ha decepcionado. Hemos constatado su desinterés por contar con la representación de trabajadores/as. Su opción es dialogar exclusivamente con la CRUE y los/as responsables políticos/as de las CC.AA., pretendiendo transformar el derecho a la negociación colectiva en una ronda de preguntas con respuesta aplazada a 10 días, a modo de rueda de prensa asíncrona. En CCOO rechazamos este formato y reivindicamos que el Ministerio de Universidades ejerza el liderazgo de la situación, tal y como están haciendo otros ministerios.

De entre las propuestas para afrontar esta emergencia que hicimos públicas y que hemos trasladado al Ministerio, el Ministro ha rechazado la oferta de debatir la temporalidad y las modalidades de evaluación de este curso académico y de planificar el inicio del próximo. Declina tratar las propuestas relacionadas con las condiciones de trabajo, el mantenimiento de Empleo Público, las OEP, la protección de la investigación, las prórrogas de contratos de PDI temporal y de personal investigador, proyectos de investigación, política de becas, brecha digital del estudiantado. En su respuesta, nos deriva a otros ministerios (Hacienda, Educación y FP o Ciencia e Innovación), o nos indica que nos dirijamos a las Comunidades Autónomas, a las Agencias de Evaluación y de Acreditación o a las propias Universidades. Es decir, parece renunciar a su competencia en todas estas materias. Por ello, desde CCOO reiteramos nuestra oferta de diálogo y negociación en asuntos tan importantes.

En el ámbito universitario CCOO es el primer sindicato y el más representativo, además, como sindicato sociopolítico de clase defiende que la Universidad Pública proporcione un servicio público de calidad que permita así mantener la cohesión social y territorial. Está en peligro la igualdad de oportunidades de estudiantes con bajos ingresos. Corremos el riesgo de continuar adelgazando los servicios públicos del país y disminuyendo la inversión en I+D si no se adoptan medidas inmediatas para evitar una mayor fragilidad del sistema universitario español. La situación actual de vulnerabilidad en el sistema se debe en gran medida a los graves recortes ocurridos tras la crisis financiera del año 2008.

Es evidente que los países con sistemas públicos fuertes y que apuestan por la inversión en Ciencia y en Conocimiento saldrán antes de esta crisis de salud global. Tenemos que mantener el carácter social de nuestros servicios públicos. Ninguna crisis es la última. Esta tiene que servirnos para aprender y estar preparados para la siguiente.

CCOO exige al Ministerio de Universidades y al Gobierno del Estado que cuente con la representación legítima del personal de las Universidades Públicas para negociar las modificaciones de sus condiciones de trabajo y le emplaza a que considere nuestras aportaciones. Este nuevo escenario necesita la colaboración de toda la ciudadanía y requiere que nos adaptemos con rapidez y con garantías para que la Universidad Pública española siga siendo un servicio público de calidad y el principal motor de I+D de este país.

Madrid, 8 de abril de 2020
Secretaría de Universidades e Investigación FE CCOO

ESTA CRISIS NO PUEDE DEJAR A NADIE ATRÁS

La Universidad Pública, como servicio público de Educación Superior, se ha adaptado en tiempo récord a la situación excepcional derivada de la paralización de la actividad presencial como consecuencia de la crisis del SARS-CoV-2. Las plantillas de la Universidad Pública estamos comprometidas como ciudadanas y corresponsabilizadas como empleadas y empleados públicos con esta situación de emergencia nacional.

La presente crisis ha revelado para el conjunto de la sociedad la importancia y el trabajo que conlleva una docencia de calidad. Por ello revindicamos el esfuerzo de todo el PAS y el PDI, que están realizando su trabajo en condiciones a menudo complicadas. Estamos asegurando que las competencias establecidas en las memorias se están adquiriendo, a pesar de que en la mayoría de los casos deba hacerse con equipos e infraestructuras propias, en circunstancias complejas, tanto desde el punto de vista técnico (no todas las personas tienen los sistemas informáticos adecuados) como desde el punto de vista del entorno de trabajo (conciliación de la vida laboral y familiar y personal). También queremos poner de manifiesto la ímproba labor que está realizando el PAS en el ámbito de gestión y servicios de apoyo a la comunidad universitaria, como por ejemplo los servicios informáticos, la atención a la comunidad universitaria y la virtualización de los procesos de gestión.

Consideramos que la digitalización de la Universidad Pública es más que impartir las clases online, requiere infraestructuras robustas y procedimientos y metodologías específicas. Por tanto, este proceso no se puede hacer a coste cero. Hay que reclamar una financiación adecuada para llevarlo a cabo. Un proceso tan importante no se puede improvisar.

Nos preocupa mucho la evaluación no presencial. Las agencias de evaluación de la calidad (ANECA y agencias autonómicas) han planteado unos plazos muy restrictivos para la modificación de fichas docentes. Todo ello en una situación en la que hay serias dudas sobre la seguridad jurídica de la evaluación online. La misma preocupación se extiende a la celebración de la EvAU.

Constatamos una modificación de nuestras condiciones de trabajo, especialmente de sobrecarga (volumen, nuevas tareas, horario desregulado) y en la mayoría de los casos utilizando los recursos propios. Se está confundiendo el teletrabajo, regulado por una directiva europea, con el trabajo a distancia, regulado por el E.T. Todo esto en un contexto en el que los trabajadores y trabajadoras de las universidades también enferman y participan en los cuidados de otras pesonas.

Si nos preocupa la docencia, tanto o más nos preocupa la investigación. El mantenimiento de la financiación y la prórroga de los contratos del personal investigador es una pieza clave para superar la situación que estamos viviendo. Esta crisis sanitaria pone en evidencia la necesidad de fomentar el tejido I+D+i del país para poder afrontar los retos futuros con mayores garantías de éxito.

Estamos contribuyendo a paliar la crisis, con nuestro plus de trabajo, pero no estamos dispuestos y dispuestas a ser omitidos de las tomas de decisiones. Exigimos formar parte de las mismas, en todos los niveles (estatal, autonómico, universitario).

Debido a ello, estamos disconformes con la forma en que se está llevando la toma de decisiones durante la crisis, que corresponde a un modelo gerencial (Ministerio, CC.AA y universidades, todos desde arriba hacia abajo). Sobran decisiones unipersonales, opacidad, reforzamiento de posiciones controladoras y autoritarias y con envío de decisiones y comunicaciones de los rectorados desiguales a sus comunidades universitarias. Los responsables educativos tienen que contar con los sindicatos.

Porque nosotros y nosotras, que “arrimamos el hombro”, queremos negociar las prioridades, los procedimientos, los escenarios y los tiempos. Porque desde CCOO estamos por distinguir lo urgente y lo importante y por no perder de vista el medio y el largo plazo. Vivimos una situación histórica en la que se está mostrando la importancia de los servicios públicos y la ciencia. En este contexto, el papel de los sindicatos es importante y urgente. El escenario no puede ser de lo más imprevisible, evitar la desorganización es importante, pero todavía lo es más conseguir asentarla a partir del consenso, y no de la imposición.

CCOO realiza las siguientes propuestas:

1. Diálogo y reflexión sosegados, de las autoridades universitarias en los distintos niveles, los agentes sociales y los representantes de los estudiantes sobre la forma y temporalidad de finalización del curso actual y sus implicaciones y repercusiones respecto del curso próximo, teniendo en cuenta las estimaciones de la duración de la situación excepcional.

2. Repensar el carácter no presencial de la convocatoria de evaluación de junio o incluso de julio. Hay variables distintas: a) la evolución de la emergencia sanitaria; b) los ritmos que adquiere en las diferentes comunidades; c) la variedad de entornos académicos: asignaturas de últimos cursos, con carga elevada de prácticas (clínicas, laboratorios, etc.); d) titulaciones profesionalizantes, etc.

Hay que considerar que la evaluación es un acto administrativo, que exige unas garantías jurídicas y que actualmente algunas plataformas tecnológicas disponibles no ofrecen seguridad suficiente de autentificación.

Es posible contemplar opciones como ampliar los periodos de evaluación y reconfigurar el principio del próximo curso académico, incluyendo nuevos periodos de matrícula.

Se debe celebrar la EvAU con las máximas garantías evitando la falta de igualdad de oportunidades y contribuyendo a la equidad. La EvAU corrige diferencias de criterios de evaluación entre centros de enseñanza, estableciendo una calificación más justa para el ingreso en Grados con límite de plazas.

3. Herramientas claras y garantías jurídicas para asegurar la validez de las actividades docentes y académicas que estamos desarrollando, extendiendo esta solicitud también a las agencias de calidad, en el ámbito de su competencia (seguridad jurídica, diseño de los distintos y posibles escenarios, etc.).

En particular, es fundamental aclarar cómo se va a realizar la evaluación a distancia, en el supuesto de que finalmente se opte por este sistema. Se están planteando propuestas fáciles sobre el papel, pero difíciles de implantar y de llevar a cabo, incluyendo todos los aspectos relativos a la seguridad y la autenticación. La situación de emergencia será puntual, pero sus consecuencias no.

Se tiene que ampliar los plazos que las agencias de calidad están estableciendo para la realización de las modificaciones necesarias en los planes de estudio, que en cualquier caso entendemos que deben ser consideradas como adendas.

4. Retomar la cultura de la negociación: pedimos mayor transparencia y participación en la toma de las decisiones. Nos comprometemos a colaborar con lealtad.

Negociar las condiciones de trabajo, dada la sobrecarga de trabajo que se está produciendo. Esta situación no puede justificar la pérdida de derechos (horarios desregulados, conciliación con la vida personal y familiar, etc.).

Incentivar las medidas necesarias para aplicar en todo momento planes de trabajo que permitan la conciliación con la vida personal y familiar, modificando estructuras horarias hacia otras basadas en tareas o proyectos.

Proteger la participación legítima de los delegados de PRL por medio de los Comités de Seguridad y Salud como única vía para proteger la salud en el entorno de trabajo, entendiendo la sobrecarga, la ansiedad y el estrés asociado a este contexto excepcional.

5. Mantenimiento del empleo en las universidades públicas, facilitando mediante decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la finalización del curso académico 2020-21 del personal temporal de PDI y del personal interino del PAS cuyo contrato finalice el presente curso académico, con el objetivo de poder afrontar en condiciones adecuadas de funcionamiento el próximo curso académico. Hay que avanzar en finalizar con la excesiva precariedad como consecuencia de los recortes sufridos en la crisis anterior, manteniendo las ofertas de empleo público, eliminando las tasas de reposición y realizando nuevas ofertas que disminuyan la temporalidad y precariedad del personal universitario.

6. Protección de la investigación en curso, que en muchos casos deberá reiniciarse y por ello hay que replantear prórrogas para contratos y proyectos y resolución de la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2019 a la mayor brevedad posible. Solo los países innovadores son capaces de afrontar los retos del futuro sin sufrir retrocesos en el bienestar ni en la igualdad de su pueblo. No habremos aprendido nada de esta crisis si no entendemos que los recortes en los servicios públicos no nos permitirán mantener un estado de bienestar lo suficientemente robusto como para superar la crisis y evitar ser vulnerables en otras futuras.

7. Las prórrogas de los contratos de investigación establecidas en las disposiciones adicionales 12 y 13 del RDL 11/2020 son insuficientes. Es necesario tomar como referencia el análisis hecho desde los OPIs y en particular el CSIC. Las prórrogas de los contratos deben ser más amplias para asegurar el mantenimiento de las labores docentes e investigadoras, tanto de este curso como del que viene. Asimismo, esta situación acarrea consecuencias en los plazos de depósito y defensa de tesis doctorales que deben salvaguardarse con total prioridad, y de otros derechos recogidos en las convocatorias de la Ley de la Ciencia (movilidad internacional, ayudas, etc.) que no pueden verse conculcados.

8. Solicitud de que el artículo 49 del RDL 11/2020 “Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal” no se aplique a los organismos del sistema sanitario y del sistema público de I+D.

9. Identificar y paliar las brechas digitales del estudiantado en condiciones de vulnerabilidad.

10. Reforma de las políticas de becas del Ministerio para el próximo curso académico en cuanto a requisitos académicos y a la propia naturaleza de las becas generales para garantizar la equidad en el acceso al estudio. Hay que eliminar las revocaciones de becas, con la obligación de devolver el dinero, cuando no se ha alcanzado el nivel de éxito requerido y considerando que se ha hecho un uso fraudulento del dinero de la beca, cuando puede haber muchas razones que expliquen ese fracaso. Las condiciones económicas para obtener beca en el curso 2020/2021 no pueden estar referidas exclusivamente al IRPF de 2019 porque muchas familias habrán cambiado drásticamente su situación económica.

11. Suprimir la penalización económica por repetir asignaturas porque en esta situación excepcional el mayor éxito o fracaso puede verse afectado por los medios de que se dispone en el hogar (espacio para estudiar, medios informáticos y bibliográficos, posibilidad de aislamiento y concentración, entre otros) al no poder acceder a bibliotecas, salas de estudio, lo que perjudica a los y las estudiantes de familias con menor capacidad de renta.

12. Queremos colaborar en el diseño de un Plan Digital para extender las competencias digitales de las universidades públicas, sin perder la potencialidad de la interactuación entre las personas sin mediación y toda la riqueza de la presencialidad.

En CCOO trabajamos para que nadie se quede atrás: ningún estudiante, ninguna trabajadora ni trabajador temporal, y para que no empeore la empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento de la Universidad como servicio público.

CCOO apuesta para que la Universidad Pública pueda seguir realizando las tareas que le corresponden: Docencia, Investigación e Innovación sin recortes de plantillas, manteniendo las OEPs y prorrogando acuerdos para mantener puestos de trabajo tanto fijos como eventuales.

Madrid, 8 de abril de 2020

Secretaría de Universidades e Investigación FE CCOO

València, 6 d’abril de 2020

El sindicat ha mantingut una reunió de les 5 seccions sindicals de les universitats públiques valencianes per tractar la situació derivada de l’Estat d’Alarma i consensuar solucions comunes

Davant la situació derivada de l’Estat d’Alarma, des de la FECCOOPV volem manifestar que a les universitats públiques valencianes s’està desenvolupant el calendari acadèmic amb les adaptacions que requereix treballar des de casa. En aquest sentit, subratllem que el Personal d’Administració i Servei (PAS) està atenent totes les necessitats per mantindre el ritme actiu de les universitats fent treball a distància i que, moltes vegades, està sent amb els mitjans personals, a diferència del que seria el veritable teletreball (on l’empresa et proporciona els mitjans per a poder-lo desenvolupar). Ens sembla important recalcar aquesta diferència de matís. En aquest sentit, reclamem que les universitat implementen la dotació i l’assistència al seu personal perquè puguen desenvolupar les tasques encomanades en les condicions adients.

Una altra qüestió que ens preocupa i ocupa a la FECCOOPV és com va a abordar-se l’avaluació en situació de no presencialitat, tal com varen decidir divendres els equips rectorals i la Consellera d’Universitat. Considerem que per poder realitzar-la cal que tinga la garantia jurídica i que les agències d’acreditació (ANECA i AVAP) contemplen la singularitat de la finalització d’aquest curs. Proposem que les adaptacions de les guies docents contemplen també les avaluacions de titulacions de grau que contenen pràctiques, be siguen educatives o de ciències experimentals o d’altre tipus. A més, a més, l’esforç d’adaptació a la nova modalitat de docència implica estrés afegit al que ja existeix ordinàriament a final de curs. És convenient establir pautes per a poder realitzar aquesta tasca educativa sense perjudici per al professorat.

Des de la Conselleria d’Universitat s’ha de propiciar que estes solucions siguen homogènies a totes 5 universitats i no hi hagen diferents solucions a problemes semblants. I en aquest sentit remarcar l’obligació que tenen les universitats per a proporcional el canal/plataforma per a poder portar a terme la docència en línia.

Per altra banda la pròrroga de les contractacions també hauria de tindre un tractament homogeni. Proposem, tal com ho hem traslladat al Ministeri d’Universitats, que aquestes pròrrogues tant les dels contractes del professorat associat com aquelles que es deriven de projectes contemplats en la Llei de la Ciència per a personal investigador, es facen efectives fins a juliol de 2021.

Volem també assenyalar que el serveis que les universitats tenen subcontractats i, per tant, reben una partida de diners per part d’elles no poden fer ERTO. Estem veient que algunes d’aquestes subcontractes o concessions estan en aquesta línia. Des de CCOO venim reclamant que: les administracions públiques no cessen la seua aportació de diners i que les autoritats competents en admetre la declaració d’ERTO siguen escrupolosament rigoroses en les condicions que ha de tindre una empresa per a poder-se acollir segons les normes derivades de l’Estat d’Alarma.

Subratllar també la necessitat d’informació i negociació dels òrgans de representació legal de treballadores i treballadors en aquests moments d’adaptació de condicions de treball a les circumstàncies marcades des de les autoritats competents per a gestionar les situacions generades pel COVID 19. Hem observat també desigual situació en les universitats valencianes respecte a la convocatòria d’aquests òrgans.

Per últim reiterar la nostra disponibilitat en l’atenció i l’acció sindical atenent a tota la nostra afiliació, professorat i personal d’administració i serveis, de cadascuna de les universitats valencianes.

En el siguiente vínculo encontraréis la nota publicada ayer por el Ministerio de Universidades sobre la situación del curso actual como consecuencia de la crisis sanitaria.

20200402 COMUNICA MINISTERIO UNIVERSIDADES.pdf

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Compañeras y compañeros,

El pasado miércoles 18 de marzo de 2020 tuvo lugar una reunión del Comité de Seguridad y Salud de la UMH, en la que desde la sección sindical de CCOO intervinimos en los aspectos que destacamos a continuación, y que van en la línea de conseguir mantener cerrados todos los centros de la UMH salvo los indiscutiblemente necesarios por un lado, y mantener los salarios de todas plantillas externalizadas abonando los costes salariales de los contratos como permisos retribuidos para evitar que las empresas responsables hagan ERTEs que dejen a nuestras compañeras y compañeros con un 30% menos de salario en los difíciles momentos que atravesamos, todo en la línea de lo que CCOO defiende a nivel estatal y autonómico.

Durante la reunión:

• pedimos explicaciones de por qué el pasado Sábado 14 el Plan de Continuidad preveía abrir 14 edificios en toda la UMH mientras que el Domingo 15 fueron 28, así como la justificación de la apertura de determinados edificios.

• reivindicamos la apertura exclusiva de los edificios estrictamente imprescindibles (animalarios, granjas…).

• reclamamos el control estricto de qué investigaciones continúan en marcha y que se permitan exclusivamente aquéllas cuyo parón inmediato suponga la pérdida de material valioso y el trabajo de meses.

• en relación con lo anterior, exigimos la protección del Personal Investigador en Formación (PIF) que, dada su precariedad, pudiera encontrarse especialmente indefenso frente a su Investigador/a Principal de Proyecto, señalando que ese PIF son estudiantes de Doctorado (3er. Ciclo) y que el RD del Estado de Alarma establece claramente la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas y ciclos.

• planteamos la necesidad de que absolutamente todas las plantillas de la UMH sean tratadas como la plantilla propia: cobro del 100% del salario por el mecanismo legal que corresponda. Incluso, aunque no sea nuestra función, hemos propuesto algún posible resquicio, como que para quienes no puedan trabajar telemáticamente se justifique que se encuentren a disposición para acudir a trabajar en caso de incidencias puntuales en la UMH. La Conselleria d’Educació de la GV va a mantener los salarios de trabajadoras/es del Sector de la Restauración Colectiva de los Colegios Públicos del PV. A modo de ejemplo.

• se preguntó por la protección de las/os trabajadoras/es de las plantillas privatizadas por parte de sus respectivas empresas (guantes, desinfectantes,…).

• nos interesamos por las/os trabajadoras/es de esas mismas plantillas privatizadas que padecen condiciones patológicas crónicas y son, por tanto, personal especialmente en riesgo de sufrir las consecuencias más graves del COVID-19.

• rebatimos el impresentable planteamiento de que en la UMH no se contratan personas sino servicios, para desentendernos de las plantillas externas. Entendemos que es una auténtica barbaridad desde muchos puntos de vista, entre otros, del preventivo, ya que la Administración que contrata con empresas privadas debe asegurarse de que cumplen las correspondientes normativas de salud y seguridad laboral con sus respectivas plantillas en función de la “Coordinación de actividades empresariales” (Art. 24 de la LPRL).

• vinculado con lo anterior, la importancia de mantener los salarios de todas las plantillas para evitar que se produzca presentismo e inaceptables desigualdades en salud entre los diferentes colectivos de trabajadoras/es de la UMH (actualmente se encuentra trabajando el 100% de la plantilla de limpieza, jardinería y mantenimiento y el 30% de conserjería, con el consiguiente riesgo para sí mismas y su entorno: independientemente del grado de ocupación de los edificios, evidentemente se han de desplazar al puesto de trabajo).

• promovimos la celebración de reuniones del CSS-UMH de periodicidad semanal, a lo cual ha accedido su Presidente y Vicerrector de Infraestructuras, en principio, cada Miércoles a las 13:00 horas, habiendo sido convocada la siguiente reunión mañana miércoles 25 de marzo de 2020.

Os seguiremos informando.

CCOO y UGT consideramos que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno va en la buena dirección, supone un enorme esfuerzo de recursos públicos, requiere de la corresponsabilidad de las empresas y debe completarse para proteger a los colectivos más vulnerables.

Para las dos organizaciones, la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión del virus y que se recuperen las personas afectadas y, en lo laboral, evitar despidos y garantizar rentas a quienes se vean afectadas por la crisis.

Los sindicatos mayoritarios consideramos que España debe evitar que esta crisis sanitaria provoque una grave crisis de demanda que se extienda más allá del efecto paralización de la actividad que las medidas de control sanitario traen consigo. En definitiva, que sea una crisis corta y no una de ciclo largo que vuelva a golpear a la clase trabajadora, que aún no había recuperado los niveles de empleo y apenas salariales tras la anterior recesión.

…es fundamental mantener el empleo, evitando la finalización anticipada de empleos temporales o la extinción de contratos estables, temporales o en periodo de prueba, entre otros, que tienen una especial incidencia entre la población joven la cual soporta en mayor medida la precariedad en el empleo.

Asimismo, ambas organizaciones hemos solicitado medidas que favorezcan a los trabajadores y trabajadoras que se vean en la necesidad de cuidar a personas dependientes -como consecuencia de la paralización de algunas actividades-, facilitándoles la conciliación y corresponsabilidad, la adaptación de jornada o una prestación económica mientras dure la contingencia. En este sentido, el real decreto del Gobierno contiene avances y se deja otras medidas que los sindicatos seguirán solicitando.

Para ambas organizaciones resulta fundamental, en esta coyuntura, proteger a los colectivos más vulnerables tales como las empleadas del hogar, que están desprotegidas tanto en términos de salud como de extinción de  contrato, sin poder percibir prestación alguna; la población de nacionalidad extranjera, que pueden ver cómo pierden su permiso de residencia por la extinción de sus contratos, por lo que hay que protegerles y seguir manteniendo los sistemas de asilo y ayuda humanitaria, sin paralizarlos; las personas trabajadoras que se emplean por obra y servicio, que ven cómo son extinguidos sus contratos ante la parada de producción de las empresas; los trabajadores y trabajadoras que se emplean por medio de una agencia de trabajo temporal o de una empresa multiservicios, con el fin de asegurarles prestaciones por desempleo y el empleo cuando acabe esta coyuntura. De la misma manera,  estas medidas se deberían aplicar a los temporeros de la agricultura de la industria agroalimentaria, y los trabajadores y trabajadoras de temporada de la hostelería y la restauración, que verán perdidos sus empleos.

Hay que exigir corresponsabilidad a las empresas, sostAeniendo el empleo en un momento muy delicado para España. Esa corresponsabilidad queremos hacerla extensiva al conjunto de Administraciones Públicas. Instamos a que no se suspendan contratos públicos ya presupuestados -por ejemplo los servicios de comedores escolares- que las empresas concesionarias utilizan para justificar expedientes por fuerza mayor que bien podrían haberse evitado mediante permisos retribuidos, liberando recursos para que los Servicios de Empleo refuercen la protección de los colectivos más vulnerables.

Una vez más, agradecemos profundamente la labor esencial de todas las trabajadoras y trabajadores que están sosteniendo el país en estos momentos cruciales y, por supuesto, estamos vigilantes para que hagan su trabajo estos días aplicando todas las medidas de protección y cumpliendo los protocolos de vigilancia de la salud.

Leer comunicado completo en: comunicadoCCOO-UGT-COVID2-19032020

Reunión de la Junta de PAS de la UMH del día 13 de marzo de 2019

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